La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores retoma investigación...


(San Juan, Puerto Rico - El Capitolio) Jueves, 9 de junio de 2022 - La presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara, Lisie Burgos Muñiz, llevo a cabo en la mañana de hoy la segunda vista pública para la discusión del manejo de casos de maltrato y abuso sexual de menores en la Isla. El Departamento de la Familia expuso su ponencia en la misma.


"Luego de los datos que recopilamos en la vista anterior, en la Comisión consideramos urgente el profundizar en la gestión del Departamento de la Familia, agencia que regula y supervisa todo servicio respecto al maltrato y abuso de menores,” expresó Burgos Muñiz.


Esta vista surge en torno a la Resolución Conjunta del Senado 190, Resolución de la Cámara 247 y la Resolución de la Cámara 352 que están ante la evaluación de la Comisión.


La Resolución de la Cámara 352, presentada por la representante Burgos Muñiz, busca que se ordene a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el realizar una investigación exhaustiva sobre el Departamento de la Familia, y sus demás componentes; y las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; a entre otras cosas, investigar sobre las medidas existentes para combatir el maltrato infantil, así como los sistemas de seguridad social y los servicios enfocados a una mejor calidad de vida, con el fin de evaluar el cumplimiento estricto de sus respectivos deberes legales, inherentes, operacionales y presupuestarios en función de los mejores intereses de la ciudadanía, incluyendo toda la legislación y reglamentación de impacto social y los planes de acción de las agencias gubernamentales.


Por su parte, la Resolución de la Cámara 247, presentada por los representantes Burgos Muñiz con la autoría de varios representantes, busca ordenar a la referida Comisión el realizar una investigación exhaustiva sobre el uso que el gobierno de Puerto Rico y las entidades sin fines de lucro que reciben fondos públicos le han dado a los fondos destinados para combatir la violencia, en específico contra los menores.


Asimismo, la Resolución Conjunta del Senado 190, propone ordenar al Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción, el Departamento de Salud y la Policía de Puerto Rico a establecer, en un término de no mayor de 60 días, un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico, que incluya, una campaña de educación permanente en los medios de comunicación y en las redes sociales de las agencias, entre otros asuntos relacionados.


En la vista pública, la presidenta de la Comisión cuestionó al Departamento si proveen servicios para trabajar con el agresor en casos de violencia doméstica para lograr erradicar el ciclo de abuso.


“Es un hecho que los maltratantes salen del hogar de la víctima, pero en el camino consiguen otra y siguen en ese patrón. Esa puerta debemos cerrarla. Desafortunadamente, el Departamento no cuenta con servicios al maltratante, sino que más bien se enfocan en la víctima,” añadió.


Otro cuestionamiento formulado por Burgos Muñiz fue el dato de la cantidad de casos de abuso sexual de menores por sus familiares o custodios que han terminado en embarazo y si la agencia ha radicado cargos contra estos agresores sexuales. El Departamento de la Familia contestó que supliría la data solicitada y que la agencia no se encarga de someter los casos criminales contra los agresores, que le corresponde al Departamento de Justicia.


“Cabe preguntarnos ¿cómo el Departamento de Justicia va a tomar conocimiento de los casos si el Departamento de la Familia no se los notifica?


Asimismo cuestioné si el Departamento había solicitado al Gobernador la creación de un comité, como hicieron con PARE, para trabajar la ola de maltrato de menores a la que han restado importancia en los últimos años, porque las estadísticas no han bajado.


Ante este preocupante cuadro de faltas en la atención y manejo en los casos de maltrato y abuso sexual de menores, es imperante que se tomen medidas urgentes, para que destinen parte de los fondos asignados a PARE para atender la salud mental del agresor y así realmente detener el maltrato de raíz, y no solo tratar el caso cuando ocurre, sino lograr evitar el aumento del número de casos en la Isla,” manifestó la representante.


Como presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores veo como prioridad el proveer desde mi gestión legislativa soluciones que realmente erradique el maltrato en la Isla que sirvan de apoyo optimizando y maximizando los servicios que ofrecen tanto el Departamento de la Familia, como las entidades a su cargo y supervisión. Estoy comprometida con la protección no tan solo a la mujer, sino a las generaciones que se están levantando y las futuras generaciones por venir. En la Comisión estamos comprometidos con salvar y darle una mejor calidad de vida a la niñez puertorriqueña y a nuestros adultos mayores,” concluyó la Portavoz del Proyecto Dignidad.

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